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El 13 de agosto de 2021 recibí la invitación del SERCOP para participar en el “II encuentro ciudadano para el fortalecimiento de la Contratación Pública en el Ecuador”. La actual administración del Servicio Nacional de Contratación Pública se planteó 3 mesas de acción: compras públicas sostenibles, transparencia y lucha contra la corrupción; y, concurrencia y pluralidad con calidad en la contratación pública.

 

Tuve la oportunidad de participar y exponer en el tercer eje temático denominado “Concurrencia y Pluralidad con calidad”, de lo cual me permito hacer una síntesis de mi intervención.

 

El Manual de Buenas Prácticas para la contratación pública en el Ecuador (2015), respecto al principio de concurrencia señala lo siguiente: “Los procedimientos de contratación, deben garantizar la más amplia oportunidad de participación de los miembros de la sociedad, ejerciendo su derecho de ser proveedor del Estado. Es un mecanismo útil tanto para la promoción de la competencia en la contratación pública, como para la obtención de una oferta adecuada y óptima para la Administración Pública. A través de este principio, se está asegurando la no discrecionalidad en la decisión de la administración pública, y a la posibilidad de tener un contratista que asegure de forma más fiable el cumplimiento del objeto del contrato con miras al interés general”.

 

Barreras:

Sin embargo, para lograr esa mayor concurrencia y pluralidad con calidad, las compras públicas en el Ecuador se enfrentan a 4 barreras que son las siguientes:

 

1.- Falta de pago oportuno a los proveedores.

No se puede pretender lograr que nuevas empresas se registren como proveedores del Estado, si existe una fuerte cartera vencida de pagos a contratistas de años anteriores. Esta falta de pago genera ausencia y desinterés para ser proveedor del Estado, y no solamente en la obtención del RUP, sino también en la falta de voluntad de un proveedor adeudado en cotizar para nuevos procedimientos de contratación, lo que genera muchas veces una cotización con sobreprecio por la incertidumbre que existe por la falta de pago. En este punto es necesario contar con el Ministerio de Finanzas para que establezca un cronograma real de pagos para volver a incentivar a los proveedores y contratistas.

 

En mi opinión debe fortalecerse al SERCOP con nuevas competencias en el control de las retenciones indebidas de pago, tal vez con la emisión de un informe vinculante que permita acuerdos directos entre las partes o llegar a un acta total de acuerdo en mediación.

 

2.- Regulación excesiva para ser proveedor del Estado y alta complejidad en elaboración de oferta.

Cuando hablamos de que existe una regulación excesiva para ser proveedor del Estado, no me refiero a los requisitos para obtener el RUP, los cuales son bastante sencillos. Me refiero a toda la normativa sectorial que deben cumplir las empresas en sus distintas actividades empresariales para ejercer a cabalidad la normativa regulatoria, lo cual incluyen permisos de funcionamiento municipales, uso de suelo, permisos ambientales, y otros conforme su giro de negocio.

 

En segundo lugar, considero que se debe realizar una simplificación de trámites para hacer una oferta. No es aceptable que la elaboración de una oferta en el portal institucional se vuelva cada vez más complicado, mas aun cuando ahora es obligatorio el uso de la firma electrónica y de la presentación de ofertas por medios electrónicos. Los actuales proveedores del Estado se ven obligados a tener contratado un equipo experto en contratación pública que les asesore para poder cumplir con todos los requisitos que exige la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública para elaborar una oferta.

 

3.- Actualización a la normativa del SNCP.

Es necesaria una revisión integral y reforma a la LOSNCP, RGLOSNCP, resoluciones del SERCOP, Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública, Normas de Control Interno, y demás normativa que rige la contratación pública. Es hora de que la Asamblea Nacional se replantee los casos del régimen especial, para conocer si todas son necesarias, si no valdría la eliminar alguna o incluir otra, como por ejemplo, una figura de régimen especial para organismos deportivos, similar a la que tienen ahora las universidades públicas y escuelas politécnicas como institutos de investigación científica, a través del régimen de contratación de servicios, adquisición de bienes e importaciones para la investigación científica responsable, conforme el artículo 66, disposición general vigésima tercera y disposición reformatoria tercera del COESCI.

 

Considero que el SERCOP debe de realizar capacitaciones y manejar una buena narrativa de las reformas de sus resoluciones, a través de canales en las redes sociales para conocimientos de todos los actores del SNCP.

 

4.- Actualización del catálogo electrónico.

Para lograr una mayor concurrencia y pluralidad en la contratación pública, es necesario realizar una actualización del catálogo electrónico, para la inclusión de nuevos bienes y servicios normalizados, así como una actualización de los precios del mercado que constan en dicho procedimiento dinámico, con el fin de evitar que muchas órdenes de compra no lleguen a una terminación por mutuo acuerdo por inconveniencia de precios.

 

Soluciones:

En el encuentro planteamos 2 soluciones: el pronto pago a los contratistas adeudados, y la simplificación de trámites en la contratación pública

 

Actores claves:

Para buscar más concurrencia y pluralidad con calidad en la contratación pública, en mi opinión, es necesaria la intervención de 3 actores claves:

  • En el sector privado las cámaras, gremios y asociaciones, para que, trabajando de la mano con los ministerios sectoriales, busquen fomentar procesos asociativos de pequeños productores y actualmente de emprendedores (conforme a la Ley Orgánica de Emprendimientos e Innovación) que permitan las compras inclusivas con precio justo y con calidad.
  • El Ministerio de Finanzas, para devolver la confianza al Estado como una contraparte cumplidora de sus obligaciones económicas con los contratistas.
  • La Contraloría General del Estado, ya que ahora realizará un control previo y posterior a los procedimientos de contratación pública, y si no está alineada con la nueva visión del SERCOP, será muy difícil llegar a los resultados esperados.

 

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El Código Orgánico Administrativo (en adelante COA) expedido mediante Suplemento del Registro Oficial 31 de 07 de julio de 2017, y cuya mayoría de artículos entraron en vigencia un año a partir de su promulgación, es decir a partir de julio de 2018, nos recuerda la relevancia dentro del procedimiento administrativo del principio de la remoción de los obstáculos en el ejercicio de los derechos.

 

El artículo 35 del COA dispone que los servidores públicos responsables de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Cabe señalar que este principio ya constaba en el artículo 114 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Como lo explica Moreta, A. (2019), existe una estrecha relación entre el principio de eficiencia con los derechos de las personas de remoción de obstáculos y restricción sobre requisitos formales, establecidos en los artículos 35 y 36 del COA. En concordancia con ello, el tercer inciso del artículo 139 del COA señala que el órgano competente debe corregir las omisiones o errores de derecho en que incurran las personas que intervienen en el procedimiento, que no se refiera a la pretensión, con excepción del procedimiento administrativo sancionador, en el cual sí se puede corregir la pretensión[1].

 

En el derecho comparado peruano, el principio de remoción de obstáculos busca una debida tramitación del procedimiento a través de los actos de instrucción que deben realizarse de oficio. Para Guzmán, C. (2016), también forma parte de la simplificación administrativa que tiene por objeto la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que genera el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública[2].

 

En la legislación española en cambio, se hace énfasis en el deber que tiene la Administración de adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de los procedimientos, conforme consta en el artículo 20 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

El principio de remoción de obstáculos en el ejercicio de los derechos ha servido como base para reformar el Instructivo para las etapas de exploración y explotación de las concesiones mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, así como el Manual de procedimientos y trámites administrativos en materia de tierras rurales por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por citar dos ejemplos.

 

Conclusión.

El principio de remoción de obstáculos en el ejercicio de los derechos, debe llevar a la eficiencia y optimización de todos los trámites y procedimientos administrativos en beneficio de los administrados y de sus legítimos intereses, para lo cual se espera un mayor desarrollo normativo, jurisprudencial y casuístico en los próximos años de este tema en nuestro país.

[1] MORETA, A. COA Procedimiento Administrativo y Sancionador. Tendencia Legal. 2019. Pp. 2, 3, 124.

[2] GUZMÁN, C. Manual del procedimiento administrativo general. 2da. Ed. Instituto Pacífico. 2016. Pp. 454.

 

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Presentamos un resumen legal respecto a la comercialización de sustancias minerales en el Ecuador, en formato de preguntas y respuestas para una mejor comprensión de nuestros clientes.

 

¿Qué es la comercialización de minerales?

La comercialización de minerales es una de las fases de la actividad minera que consiste en la compraventa de minerales o la celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto resultante de la actividad minera.

 

¿A qué etapa de la actividad minera pertenece la comercialización de minerales?

La comercialización de los minerales forma parte de la etapa de explotación de la actividad minera.

 

¿La comercialización de minerales es libre o sólo la efectúa el Banco Central?

La Ley de Minería establece el derecho de los titulares de concesiones mineras a la libre comercialización de su producción dentro o fuera del país. No obstante, en el caso del oro proveniente de la pequeña minería y de la minería artesanal, el Banco Central del Ecuador efectuará su comercialización en forma directa o por intermedio de agentes económicos públicos y privados previamente autorizados por el Banco. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante regulación establecerá el derecho preferente de compra de oro por parte del Banco Central del Ecuador a los agentes económicos públicos y privados autorizados por el Banco.

 

¿Qué naturaleza jurídica tiene la licencia de comercialización y a qué entidad le corresponde su otorgamiento?

Para realizar la comercialización de sustancias minerales es necesario contar con la licencia de comercialización, que es un derecho minero según el artículo 17 de la Ley de Minería., cuyo otorgamiento es atribución de la Agencia de Regulación y Control de la Energía y de los Recursos Naturales no Renovables (en adelante ARCERNNR).

 

¿Quiénes deben obtener licencia de comercialización?

El artículo 50 de la Ley de Minería dispone que las personas naturales o jurídicas que sin ser titulares de concesiones mineras se dediquen a las actividades de comercialización o exportación de sustancias minerales metálicas o a la exportación de sustancias minerales no metálicas, deben obtener la licencia correspondiente en el Ministerio Sectorial, de conformidad con lo establecido en el reglamento general de la Ley de Minería. Igual licencia deben obtener los concesionarios mineros que comercien sustancias minerales metálicas o exporten las no metálicas de áreas ajenas a sus concesiones.

 

¿Quiénes no requiere obtener licencia de comercialización?

No requerirán de esta licencia las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la comercialización interna de sustancias minerales no metálicas, así como los artesanos de joyerías.

 

¿Qué plazo de vigencia tiene la licencia de comercialización, es posible su renovación?

Las licencias de comercialización que se otorgan a las personas naturales o jurídicas tienen vigencia por períodos de tres años, son intransferibles y pueden renovarse por iguales períodos de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de la Ley de Minería.

 

¿Qué es el Registro de Comercializadores?

Es un control estadístico de las actividades de comercialización interna y de la exportación de estas sustancias minerales, para verificar y precautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Minería, que lleva la ARCERNNR respecto a comercializadores de sustancias minerales metálicas y de exportadores de minerales metálicos y no metálicos.

 

¿Por qué causales se puede cancelar la licencia de comercialización?

Por el incumplimiento de las obligaciones de los comercializadores de sustancias minerales legalmente autorizados, que según el artículo 53 de la Ley de Minería son las siguientes:

  1. Constituirse en agentes de retención sujetándose a las normas tributarias vigentes;
  2. Efectuar declaraciones en forma detallada, consignando todas las retenciones y deducciones realizadas; y,
  3. Enviar un informe semestral al Ministerio Sectorial sobre el origen, volumen y valor de sus compras; destino, volumen y valor de las ventas; retenciones efectuadas y cualquier información estadística que fuere requerida por el Ministerio Sectorial. Dichos informes serán remitidos en formularios simplificados que para el efecto elabore la ARCERNNR.

 

¿En qué consiste el comercio clandestino de sustancias minerales?

Se considerará comercio clandestino de sustancias minerales a:

a) Los titulares de concesiones mineras que comercien internamente sustancias minerales metálicas o exporten minerales metálicos o no metálicos de otras concesiones, sin la licencia exigida en el artículo 50; y;

b) Los productores mineros que vendan sustancias minerales metálicas a personas o entidades no autorizadas para su comercialización.

 

¿La comercialización de minerales está sujeta al pago de regalías?

La comercialización de sustancias minerales metálicas explotadas por parte de los concesionarios mineros, se sujetará a un abono del 2% del valor total de cada transacción, por concepto de regalías, de conformidad con los plazos, precios referenciales, contenidos, condiciones y formas que a partir de parámetros técnicos y mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas. Este abono será considerado como pago previo en las declaraciones semestrales. El comprobante de pago constituye documento habilitante para las operaciones de comercio exterior.

 

¿Dónde se deben inscribir las licencias de comercialización y exportación de minerales?

Las licencias de comercialización de sustancias minerales metálicas y de exportación de minerales metálicos y no metálicos están sujetos a la inscripción en el Registro Minero.

 

¿Los contratos de comercialización deben ser registrados?

Los Contratos de Comercialización deben ser registrados en el Registro Minero con quince días de anticipación a la fecha de inicio de la carga de la primera venta de las exportaciones a que se refieran. Cualquier modificación a los Contratos de Comercialización será aplicable para las ventas posteriores a la fecha de dicha modificación y deberá ser igualmente registrada en el Registro Minero con quince días de anticipación a la fecha de inicio de la carga de la primera venta de la o las exportaciones a que se refiere.

 

¿Qué norma regula los requisitos para obtención de la licencia de comercialización?

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0028-AM, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 1125 de 06 de octubre 2020, se expidió el Instructivo para la obtención de licencias de comercialización y exportación de sustancias minerales metálicas y no metálicas.

Dicho instructivo establece los requisitos y procedimientos administrativos para la obtención, administración y extinción de Licencias de Comercialización y Exportación de Sustancias Minerales Metálicas y No Metálicas.

 

Fuentes:

Ley de Minería.

Reglamento General de la Ley de Minería.

Instructivo para la obtención de licencias de comercialización y exportación de sustancias minerales metálicas y no metálicas.

 

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En el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 392 de 17 de febrero de 2021, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en materia de Anticorrupción (en adelante LOA), la cual entrará en vigencia en 180 días a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

La LOA reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), incorporando un informe de pertinencia y favorabilidad a emitirse por parte de la CGE antes de todo procedimiento de contratación.

 

Antecedentes históricos.

Para entender el alcance y el espíritu del informe de pertinencia y favorabilidad a emitirse por parte de la CGE previo a todas las contrataciones públicas según las disposiciones reformatorias que trae la LOA a la LOSNCP y a la LOCGE, es necesario repasar el antecedente histórico de este tema, para lo cual me remonto a la Codificación de la Ley de Contratación Pública[1] del año 2001, en cuyo artículo 60 respecto a la emisión de los informes previos, establecía lo siguiente:

 

“Art. 60.- INFORMES.- En forma previa a su celebración, los contratos que hubieren sido adjudicados siguiendo los trámites de licitación o concurso público de ofertas, requerirán los informes del Contralor General del Estado y del Procurador General del Estado.

Los mismos informes serán necesarios para la suscripción de los contratos cuyo monto iguale o exceda la base para el concurso público de ofertas, aunque no hubieren sido licitados o concursados. (…)

Los funcionarios indicados emitirán sus informes dentro del término de quince días de recibida el acta de adjudicación, la oferta del adjudicatario, las memorias de cálculo de las fórmulas de reajuste de precios y de las cuadrillas tipo, y el proyecto del contrato. Si el funcionario que debe informar dejare transcurrir dicho término sin hacerlo, se considerará como que hubiere emitido dictamen favorable.

Cualquier aclaración o documentación original que requiera el funcionario informante, deberá ser solicitada dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la respectiva documentación.

Obtenidos los informes o vencido este término, se procederá a la celebración del contrato, tomando en cuenta, las observaciones que se hubieren formulado, de existir éstas”.

 

Hay que recordar que, durante la vigencia de la derogada norma transcrita, no existía el SERCOP, por lo tanto, la Contraloría General del Estado tenía un rol protagónico, ya que manejaba el registro de contratos, registro de incumplimientos, garantías y régimen de excepción. La CGE emitía el modelo de documentos precontractuales, mientras que el control jurídico del contrato lo realizaba la Procuraduría General del Estado. El informe que emitía la Contraloría General del Estado era previo a la suscripción del contrato, para lo cual había que contar con todos los documentos habilitantes, tener lista la fórmula de reajuste de precios con la cuadrilla tipo y preparar el proyecto de contrato sin errores.

 

Disposiciones de la Ley Orgánica Anticorrupción.

La Ley Orgánica Anticorrupción, respecto al procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad de la CGE, establece en su disposición reformatoria quinta, que la máxima autoridad de la entidad contratante inmediatamente conozca de la necesidad de realizar la contratación pública, deberá notificar a la CGE con la solicitud de informe previo para esta contratación, adjuntando toda la documentación de respaldo que tenga en su poder. Una vez realizada dicha notificación, la misma deberá ser atendida en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante; y, en el caso de los procesos bajo régimen especial, de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de 72 horas contados a partir de la notificación de la solicitud.

 

El informe previo deberá ser comunicado inmediatamente a la entidad solicitante y al SERCOP; y será publicado en las páginas web de la CGE y de la entidad contratante. En caso de determinarse la pertinencia y favorabilidad para que proceda esta contratación pública, se podrá continuar de manera regular con el resto del procedimiento establecido para el efecto en la Ley. De existir algún tipo de irregularidad en la contratación que se pretende efectuar, se suspenderá temporalmente la misma, hasta que la entidad contratante la subsane o aclare en el plazo máximo de 48 horas. De no hacerlo, se dejará constancia de dicho particular en el informe y se notificará inmediatamente con el mismo a la Fiscalía General del Estado.

 

Lo primero que tendrá que regularse mediante la normativa secundaria es cuál será la documentación de respaldo que tenga en su poder la máxima autoridad y que deberá notificar a la CGE, seguramente se referirá al plan anual de contratación (PAC), la certificación presupuestaria, los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, y especialmente el tipo de procedimiento, para saber qué plazo tendrá la CGE para contestarlo, entre otros. Otra inquietud es si aplicará efectivamente para todos los procedimientos de contratación incluyendo las ínfimas cuantías.

 

Con esta reforma se pretende activar el control preventivo y concurrente de la Contraloría General del Estado, el cual se encuentra regulado en el segundo inciso del artículo agregado al artículo 32 de la LOCGE.

 

Una duda adicional respecto al procedimiento para la obtención del informe, es si será prudente el plazo de 72 horas (3 días) frente a una verdadera emergencia o estado de excepción. En mi opinión este tipo de normativas desnaturaliza el fin de la contratación por emergencia. También creo que las 48 horas (2 días) para subsanar irregularidades se volverá una práctica común para ampliar el tiempo de emisión del informe, es decir serán en la práctica 17 días para régimen común y 5 días para régimen especial y emergencia.

 

Sin embargo, es importante reflexionar lo siguiente: ¿Será el informe de pertinencia antes de iniciar el proceso o antes de firmar el contrato como era en la derogada Codificación de la Ley de Contratación Pública? La inquietud la expreso porque la reforma a la LOSNCP no concuerda con la reforma a la LOCGE (Art. 18.1) que dispone que la Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia, como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública determinados en la ley de la materia, cuyo objetivo es determinar la pertinencia y favorabilidad para la consumación de la contratación pública, analizará el presupuesto referencial, el momento de la contratación, el tipo de la contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública. En ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo a la suscripción de contratos que se suscriban en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Una vez el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades y organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente, tomando en cuenta las observaciones que se hubieren formulado.

 

Creo que quienes redactaron la LOA confundieron las etapas de la contratación pública que claramente se diferencian en etapa preparatoria (aparentemente en esta etapa se debería solicitar el informe de pertinencia a la CGE según cómo estaría redactada la reforma), la etapa precontractual, y finalmente la etapa contractual y de ejecución.

 

El acto con el que se consuma la contratación pública es la adjudicación y posterior suscripción del contrato administrativo, por lo tanto, no se entiende por qué el informe de pertinencia se pediría al momento de requerir la contratación, es decir en la etapa preparatoria, al menos que se la ley se hubiese querido referir a dos informes, uno de pertinencia y favorabilidad en la etapa preparatoria y otro previo a la firma del contrato. Tal vez el espíritu de fondo de requerir el informe de pertinencia y favorabilidad en la etapa preparatoria, sea darle algún efecto relacionado con las finanzas públicas, similar a los avales que se emitían hace varios años para la suscripción de los contratos complementarios, condicionando una eventual asignación de recursos a la emisión de dicho informe favorable.

 

Considero que solicitar el informe de pertinencia y favorabilidad en la fase preparatoria, podría ser totalmente ineficaz y un desperdicio de tiempo y recursos, ya que durante la fase precontractual pueden darse una seria de imponderables (que se cancele el procedimiento, o que se declare desierto por falta de ofertas que se hayan presentado o calificado), siendo en la fase precontractual donde más mecanismos de control tiene el SERCOP, así como mecanismos de impugnación tienen los oferentes participantes, por lo tanto lo correcto en mi opinión, debería ser solicitar el informe de pertinencia y favorabilidad antes de la firma del contrato, luego de que se ha superado todas las fases de publicidad y transparencia del proceso. Creo que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría podrá aclarar esta oscuridad en la aplicación de la reforma que nos trae la LOA.

 

La LOA dispone que, si transcurrido el plazo la CGE no entrega el informe de pertinencia, se considerará como favorable para proceder con la contratación, y constituirá causal de destitución del funcionario a cargo del informe. Lo anterior le pone presión a la CGE para estar preparada para emitir informes de pertinencia y favorabilidad a los miles de procedimientos de contratación que las entidades contratantes realizan mes a mes, sin contar con las ínfimas cuantías. Creo que la Contraloría deberá manejar la distribución de esta carga de trabajo a partir de delegaciones a una eventual Dirección Nacional de Control de Contratos que deberá crearse para el efecto, quien seguramente manejará los procesos de cuantías importantes (licitación, por ejemplo) mientras que las Delegaciones Provinciales podría manejar tal vez los procedimientos de cuantías equivalentes a la cotización y menor cuantía. Veremos si se incluyen las ínfimas cuantías y si participarán, por ejemplo, las unidades de auditoría interna para estos efectos.

 

Cabe señalar que, para la suscripción de contratos y convenios de deuda pública o externa, no será necesario el informe previo de pertinencia de la Contraloría General del Estado, seguramente por sugerencia del Fondo Monetario Internacional, quien puso a la aprobación de la LOA como condición para el desembolso de recursos para nuestro país.

 

Para el informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública, la Contraloría General del Estado deberá destinar el presupuesto previamente asignado a la institución, los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios y suficientes. Es decir que no se le asignarán recursos adicionales para dicho fin. Además, el Presidente de la República tiene 30 días para reformar el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, a efectos de normar el procedimiento para la emisión del informe de pertinencia.

 

Conclusión.

Se debe aclarar el momento en que se solicitará el informe de pertinencia y favorabilidad a la CGE, ya que en mi opinión debería ser antes de la suscripción del contrato, como era en la Codificación de la Ley de Contratación Pública del año 2001.

 

Gracias por visitar ni blog y quisiera conocer tu punto de vista respecto a este tema.

[1] Congreso Nacional (2001). Codificación de la Ley de Contratación Pública (Registro Oficial 272 de 22-feb.-2001).



Semanas atrás recibí muchas consultas de personas que no conocen algunas normativas del servicio público, y me preguntaban cómo se regula el tema de la compra de renuncia con indemnización en el sector público, puntualmente derivado del caso del excandidato presidencial Andrés Arauz y su desvinculación del Banco Central del Ecuador.

 

Les comparto algunas ideas a modo de preguntas y respuestas.

 

¿Cuándo procede la compra de renuncia con indemnización en el sector público y a quienes aplica?

Cuando exista proceso de reestructuración, optimización o racionalización de las instituciones del Estado. Debe contarse con la disponibilidad presupuestaria y aplica sólo para servidores de carrera es decir quienes tenga nombramiento permanente y definitivo.

La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.

 

¿Cuál es el monto de la indemnización que deberá recibir el servidor por este concepto?

Será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo.

En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición General Primera de la LOSEP.

 

¿Qué se considera para su cálculo?

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional a que hubiere lugar.

Los años laborados en el sector público pueden ser en varias instituciones públicas, siempre que haya sido bajo un nombramiento permanente y definitivo.

 

¿Se incluye para el cálculo las figuras que están fuera de la carrera administrativa?

Según una absolución de consulta de la PGE, la base de cálculo de la indemnización por renuncia obligatoria debe incluir los años laborados en el sector público, salvo los que haya laborado en puestos de libre remoción, es decir que se deben considerar los años de servicio en todas las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la LOSEP y no solamente en aquella en la que cesa sus funciones, así como la parte proporcional o fracción de año, hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total.

 

¿Las personas que han recibido indemnización por compra de renuncia pueden suscribir contratos civiles de servicios profesionales con instituciones públicas?

La compra de renuncia con indemnización no constituirá impedimento para suscribir un contrato civil de servicios, conforme lo establece la LOSEP y su Reglamento General.

 

¿Pueden reingresar al servicio público quienes hubieren sido indemnizados por compra de renuncia?

Podrán reingresar al servicio público quienes hubieren sido indemnizados o compensados, sin necesidad de devolver el monto de la indemnización recibida, únicamente a cargos de nombramiento provisional y a cargos o funciones de libre nombramiento y remoción establecidos en esta ley. El mismo beneficio tendrán quienes reingresen para ejercer la docencia universitaria, formación de las o los servidores públicos o la investigación científica. Este período no será considerado como parte de la devengación de la indemnización recibida.

 

¿Qué debe hacer quien desea reingresar al sector público a un puesto de carrera, luego de haber percibido indemnización por compra de renuncia?

En caso de haber percibido indemnización por compra de renuncia con indemnización, para reingresar al sector público, a cualquier puesto, deberá devolver en forma previa la totalidad de la indemnización percibida.

 

¿Se debe realizar devolución de la indemnización previo a obtener un nombramiento provisional de prueba?

Según otra absolución de la PGE, en el caso de nombramientos provisionales de prueba, a los que se refiere el subliteral b.5 de la letra b) del artículo 17 de la LOSEP, que según esas normas se otorgan en beneficio de los servidores que ingresan a la carrera o que fueran ascendidos, se deberá devolver en forma previa la totalidad de la indemnización percibida.

 

¿Cuáles son los requisitos para la rehabilitación de personas impedidas por haber recibido indemnización?

  1. Certificado emitido por la institución del Estado de la que recibió indemnización o compensación económica, en el que se indique:

1.1. Fecha en la que se produjo la separación de la institución.

1.2. Fundamentos jurídicos que justificaron el tipo de indemnización o compensación económica recibida.

1.3. Determinación del valor a devolver.

1.4. Copias certificadas de las acciones de personal, resoluciones administrativas y demás documentos relativos a la separación de la institución.

  1. Certificado de devolución de los valores de la indemnización o compensación económica emitido por la institución, entidad u organismo que los recibió, o copia certificada de la declaración patrimonial juramentada de la cual conste el respectivo convenio de pago.

 

Declaratoria de inconstitucionalidad de la norma.

Mediante Sentencia No. 26-18-IN/20, R.O. E.C. 97, 20-XI-2020, el Pleno de la Corte Constitucional declaro inconstitucional las frases “obligatorias” y “Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración”, del artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nro. 813, R.O. 489-S, 12-VII-2011, lo cual si bien obvió la obligatoriedad de este procedimiento, en la práctica lo continua siendo, sólo que bajo la discrecionalidad de las instituciones del Estado en un proceso de optimización, reestructuración o racionalización de su estructura orgánica.

 

Base legal:

Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP (Arts. 14, 47.k).

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público RGLOSEP (Art. 15, artículo innumerado agregado al Art. 108 y Art. 148).

Decreto Ejecutivo Nro. 813, R.O. 489-S, 12-VII-2011.

Sentencia No. 26-18-IN/20, R.O. E.C. 97, 20-XI-2020.

PGE. No.: 13290, de 21-05-2013.

PGE. No.: 12591, de 28-03-2013.

 

Gracias por visitar el blog y quisiera conocer tu experiencia en la compra de renuncias con indemnización.



Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1276 de fecha 22 de marzo de 2021, el Presidente de la República ha expedido la reforma al artículo 34 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante RGLOSNCP) en lo relacionado a la determinación de los costos en consultoría.

 

Evolución histórica de los costos en consultoría.

Antes de analizar el texto del nuevo artículo reformado, es necesario contextualizar la evolución histórica de su texto y los problemas que en la práctica trajo su aplicación y reforma.

 

El artículo 34 del RGLOSNCP según el texto original del Decreto Ejecutivo 1700, publicado en el Registro Oficial Suplemento 588 de 12-may.-2009, tenía el siguiente texto:

 

“Art. 34.- En todo proceso de contratación, la determinación de los costos de consultoría tomará en cuenta en su composición los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del proyecto, conforme se detalla a continuación:

  1. Costos directos: definidos como aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales; reproducciones, ediciones y publicaciones;
  2. Costos indirectos o gastos generales: son aquellos que se reconocen a los consultores, para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. El costo indirecto contemplará únicamente los honorarios o utilidad empresarial reconocidos a las personas jurídicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata”.

  

El Art. 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 841 publicado en el RO 512 de 15 de agosto de 2011, sustituyó en el numeral 2 de dicho artículo la frase “que se reconocen a los consultores” por la siguiente “que se reconocen a las firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultarías”. Dicha reforma dejó a los consultores individuales (personas naturales) sin la posibilidad de poder incluir y por ende cobrar, costos indirectos o gastos generales en los costos de su oferta de consultoría, en aras de que el numeral 2 del artículo 34 guardara armonía en sus dos enunciados.

 

Posteriormente el artículo único del Decreto Ejecutivo 1203 publicado en el 876 del 8 de noviembre de 2016, volvió a reformar el numeral 2 del artículo 34 del RGLOSNCP, fundamentándose en sus considerandos en lo siguiente: “Que es necesario realizar las precisiones respecto a los costos indirectos requeridos para la ejecución de proyectos a través del procedimiento de contratación de consultoría, cuando el proveedor sea de origen extranjero y cuando dicho proyecto tenga un fin exclusivo, con el objeto de que se pueda atender los gastos de carácter permanente y generales relacionados con la organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales”.

 

Con este fundamento agregó al final del número 2 del artículo 34 del RGLOSNCP, lo siguiente: “excepto para el caso de personas jurídicas consultoras extranjeras que ejecuten consultorías con fines exclusivos, por lo que, sus costos indirectos contemplarán gastos de carácter permanente o generales, sin aplicar la restricción antes mencionada”.

 

Problemas prácticos: Criterio de la CGE y sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Hasta antes de la reforma materia del presente ensayo emitida el 22 de marzo de 2021 y que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, se podía inferir que:

  • Los costos indirectos y gastos generales no eran sinónimos como erróneamente hacía entender el encabezado del Art. 34 del RGLOSNCP.
  • Los únicos costos indirectos que se podían incluir en la oferta económica de consultoría eran los honorarios o utilidad empresarial, los cuales sólo aplicaban a personas jurídicas consultoras nacionales o extranjeras, por lo tanto, excluía a los consultores individuales personas naturales.
  • Los gastos generales sólo eran reconocidos a personas jurídicas consultoras extranjeras, en una clara violación a los principios de igualdad y trato justo de la LOSNCP y del derecho constitucional de igualdad ante la ley.

 

El problema en la práctica se había presentado en que, durante la vigencia del artículo 34 del RGLOSNCP, en los modelos de pliegos del ex INCOP (actual SERCOP) se incluía a los gastos generales como parte de los costos indirectos en los formularios de oferta económica de consultoría, lo cual produjo que muchos de ellos se incluyan en las ofertas negociadas y hasta se contemplen en los respectivos contratos de consultoría.

 

Esta confusión derivó que en los exámenes especiales que realizó la Contraloría General del Estado a los contratos de consultoría, se emitieran recomendaciones respecto a que en contratos de servicios de consultoría, en los costos que se paguen a las firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultorías, como parte de los costos indirectos, se considere únicamente los honorarios o utilidad empresarial que se reconocen a las personas jurídicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría. Así como que se realicen reliquidaciones a las planillas de contratos de consultoría en las cuales se debería descontar los costos planillados por gastos generales no previstos en la normativa vigente.

 

Respecto a la recomendación de realizar reliquidaciones y descuentos, dicho criterio derivó en múltiples demandas por parte de empresas consultoras, las cuales, dentro de sus respectivos contratos, tenían incluido un rubro destinado a gastos generales, que habían sido pagados en unos casos, o estaban pendientes de pago en otros.

 

Una reciente sentencia de la Sala Única del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cuenca (proceso Nro. 01803-2019-00014) ha indicado que el artículo 34 del RGLOSNCP tiene como contraparte a la Norma de Control Interno NCI 408-11 emitida por la misma CGE, que establece:

“Costos indirectos.- Son los gastos generales en que incurre el contratista, tanto en sus oficinas como en el sitio de la obra, no atribuibles a una tarea en particular, pero necesarios para efectuar los trabajos en general, por su naturaleza no se los puede imputar directamente a un rubro determinado y deben prorratearse. Dentro de éstos se tiene: salarios y prestaciones legales del personal directivo, técnico y administrativo de la empresa, depreciación, mantenimiento, alquileres y seguros de edificios, bodegas, predios, etc.; alquiler u operación y depreciación de vehículos o equipos de apoyo, de laboratorio, de topografía, de oficina, gastos de oficina, garantías y financiamiento; trabajos previos y auxiliares como la construcción y mantenimiento de caminos de acceso, instalación y desmantelamiento de equipos y limpieza final de la obra”.

 

Concluye en su fallo que el desconocimiento unilateral de la entidad respecto a los gastos generales, cuyo monto y pago fue acordado en el texto del contrato, evidentemente quebranta el equilibrio económico contractual del consorcio accionante, así como su seguridad jurídica al desconocerse reglas previas y cláusulas bajo las cuales se suscribió el contrato, por lo tanto, dispone cancelar los valores correspondientes a los gastos generales.

 

No comparto el criterio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cuenca ya que, la NCI 408-11 se está refiriendo a los costos del presupuesto de la obra, más no a los costos de consultoría, por lo tanto, ha aplicado una norma de menor jerarquía y no aplicable al caso concreto, violando en mi opinión, el principio constitucional de motivación de la sentencia. Creo que su fundamento en el equilibrio económico del contrato tiene más sentido y lógica, en todo caso habrá que esperar que resuelve la Corte Nacional de Justicia en un eventual recurso de casación.

 

Reforma al Art. 34 de la RGLOSNCP: Costos directos, costos indirectos, gastos generales y utilidad empresarial.

El Decreto 1276 divide a los costos de consultoría en: costos directos, indirectos, gastos generales y utilidad empresarial. En sus considerandos establece que: “es necesario aplicar de una forma clara los componentes de los costos para un proyecto de consultoría, los que deben ser identificados de una manera precisa sin que exista vinculación entre un componente y otro, con el fin de que la entidad contratante seleccione la oferta de mejor costo”.

 

Costos directos:

Son aquellos que se reconocen a consultores individuales, firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultoría, y que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales; reproducciones, ediciones y publicaciones.

 

Costos indirectos:

Son aquellos que se reconocen a consultores individuales, firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultoría, que se generan como coadyuvantes de cada estudio o proyecto de consultoría, entre ellos: los de personal de dirección, intermedios, mantenimiento y limpieza, subalterno, de control de calidad, informático, que indirectamente contribuyen en la ejecución de consultoría; así como servicios varios.

 

Gastos generales:

Son aquellos que se reconocen a las firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultoría, para atender sus gastos de carácter permanente o fijos relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular.

Se pueden reconocer, entre otros los siguientes componentes:

  • Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora.
  • Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades.

 

Utilidad empresarial:

Son aquellos que se reconoce a las personas firmas consultoras exclusivamente, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata.

 

Comentario.

Creo que la reforma planteada por el Decreto 1276 aclara muchas de las interpretaciones erradas al Art. 34 del RGLOSNCP respecto a los costos de consultoría, entre las más importantes:

  • Diferencia los distintos componentes de los costos de consultoría.
  • Se devuelve a los consultores individuales (personas naturales) la posibilidad de que se consideren costos indirectos y que se reconozca su pago.
  • Se aclara que los gastos generales, son distintos de los costos indirectos, y aplican tanto para personas jurídicas nacionales, como extranjeras, así como organismos autorizados a realizar consultoría.
  • Se aclara que la utilidad empresarial es distinta a los costos indirectos, y que se reconoce sólo a personas jurídicas consultoras (aunque el Decreto reza textualmente por error “personas firmas consultoras”).

 

Cabe señalar que la reforma al artículo 34 de la RGLOSNCP expedida mediante Decreto 1276, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, no puede ser considera como norma interpretativa, tal como ya lo indicó la Procuraduría General del Estado en una absolución de consulta análoga en el OF. PGE. No.: 00265 de 23-08-2018.

 

Gracias por visitar mi blog, quisiera saber su opinión sobre este tema.



El artículo 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), dispone que las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la prestación, entre otros servicios, de la habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales.

 

El 30 de diciembre de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial Municipal No. 26 de cantón Guayaquil, la Ordenanza que regula la emisión de la tasa de habilitación y control de actividades económicas en establecimientos, cuya última reforma fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 778 de 17 de junio de 2016.

 

¿Qué es?

Es una obligación tributaria que debe de cumplir toda persona natural o jurídica que realiza una actividad económica permanente dentro de un establecimiento de cualquier índole en el cantón Guayaquil.

Es el documento municipal que habilita el desarrollo de actividades económicas (industriales, comerciales y/o de servicio) en establecimientos, acorde a las condiciones determinadas en las ordenanzas municipales referente al uso de suelo y los requerimientos constructivos, ambientales y de seguridad regulados para cada tipo de actividad.

En otros municipios como el Distrito Metropolitano de Quito, forma parte de la Licencia Metropolitana Única para Actividades Económicas LUAE.

 

¿Quiénes deben pagar?

Toda persona natural, jurídica o sociedades de hecho que ejercen habitualmente actividades económicas, en establecimientos de cualquier índole, dentro del cantón Guayaquil, están obligadas a pagar la tasa de habilitación y control. Se incluyen en este ámbito todas las que desarrollen actividades de espectáculos públicos. Se considera habitual la actividad, cuando el sujeto pasivo la realice de manera continua o periódica.

 

¿Para quiénes no aplica?

  • Quienes realizan una actividad económica en un espacio de su vivienda el cual no corresponde a un local u oficina
  • Quienes ocupan un espacio físico (de manera parcial) dentro del local u oficina de otro negocio (por ejemplo el trabajo cooperativo conocido también como coworking).

 

¿Qué plazo tengo para obtener la tasa de habilitación?

Los sujetos pasivos están obligados a obtener y pagar la tasa de habilitación y control de manera previa al inicio de sus actividades en sus establecimientos, cumpliendo con todo lo que determinen las ordenanzas municipales.

La renovación debe realizarse hasta el 30 de junio de cada año.

Si su negocio cambia de dirección, debe efectuar el trámite de dar de baja la tasa de habilitación y obtener una nueva tasa para el nuevo establecimiento.

 

Actividades dentro de la tasa de habilitación

Es importante especificar las definiciones de los distintos tipos de actividades que se pueden seleccionar, entre los más importantes se encuentran: oficinas administrativas, ventas al por menor y mayor, bodegas, talleres, industrias.

 

¿Qué normativas regulatorias deben cumplir los locales para obtener tasa de habilitación?

Como requisitos previos para obtener la tasa de habilitación y control se debe contar con:

  • Uso de suelo.
  • Permiso de funcionamiento de bomberos.
  • Patente municipal.
  • Contrato de arrendamiento o comodato del local, debidamente inscrito en una notaría según corresponda.
  • Permiso ambiental e informe de monitoreo de ruido (dependiendo la actividad).
  • Otros dependiendo la actividad de su giro de negocio:
    • Tasa de turismo o certificado no categorizable.
    • Certificado de trampa de grasa emitido por Interagua (para establecimientos como restaurantes, servicentros de autos y otros que tengan cocina).
    • Licencia de funcionamiento de la oficina postal.

 

El local debe cumplir con un área mínima de 4 metros de frente y 15 metros cuadrados de área total mínima. Debe cumplir con los requerimientos de parqueos determinados en la consulta de uso de suelo, según corresponda. Es importante que se cumpla con toda la señalización vertical y horizontal, y demás normativa regulatoria en especial la relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional.

 

Anuncio de suspensión del pago de tasa de habilitación para el 2021.

El 25 de agosto de 2020 en rueda de prensa, la alcaldesa de Guayaquil anunció la suspensión durante todo el 2021 del pago de la tasa de habilitación para comercio, industrias, oficinas, tiendas y consultorios establecidos, así como la suspensión de la tasa de turismo, decisión que fue tomada por la mesa económica del Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil. Sin embargo, no hemos tenido acceso al instrumento legal donde se pueda verificar la decisión tomada por el cabildo porteño.

 

Gracias por visitar el blog, estoy abierto a comentarios sobre tu experiencia en este tipo de trámites municipales.



Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta en la defensa técnica de funcionarios o exservidores públicos en procedimientos de determinación de responsabilidades, es la figura de los hechos o eventos subsecuentes. Los eventos subsecuentes son hechos posteriores a la fecha de corte de un período auditado que pueden tener efecto sobre los resultados de la auditoría, en especial cuando el servidor público demuestra que con ese hecho o evento minimizó el daño o perjuicio que causó inicialmente un acto u omisión suya, o una presunta violación a normativa expresa.

 

Las Normas Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental, expedidas mediante Acuerdo 19 de la Contraloría General del Estado, publicadas en el Registro Oficial Edición Especial 6 del 10 de octubre de 2002, establecen dentro del código EAG – 08, el título relacionado con la verificación de eventos subsecuentes en la Auditoría Gubernamental. El propósito de esta norma es determinar si todos los sucesos importantes que afectan a los estados financieros de la entidad auditada han sido reconocidos y tratados adecuadamente, y que se encuentran registrados contablemente.

Los hechos subsecuentes previo el análisis de su importancia y pertinencia, serán revelados en el informe general de auditoría, considerando la evidencia documental existente. El auditor aplicará procedimientos apropiados para obtener evidencia suficiente y competente de que todos los sucesos ocurridos entre el final del período y la fecha del informe del auditor, así como los descubiertos después de la fecha del informe, han sido debidamente identificados y contabilizados que se refieren a hechos con efecto económico que podrían generar un posible perjuicio.

 

Hasta la fecha de terminación de la auditoría o examen especial, el auditor es responsable de conocer los eventos significativos que se reflejarán en los informes correspondientes. Para establecer de que se han identificado los hechos importantes subsecuentes hasta la fecha de su informe, el auditor realizará procedimientos adicionales a las pruebas sustantivas que pueden aplicarse después de la fecha de la presentación de la información.

 

Es responsabilidad del jefe de equipo realizar un análisis de los hechos o circunstancias específicas, para revelarlos en los informes considerando la evidencia adicional a las condiciones existentes al corte de las actividades operativas, administrativas, financieras o de apoyo y que afecten la presentación de la información de la gestión institucional y de los estados e informes financieros requeridos.

 

Suele suceder de que en algunos informes generales de auditoría gubernamental constan las respuestas de los servidores públicos luego de la comunicación provisional de resultados o de la lectura de borrador del informe, sin embargo, muchas veces el auditor no registra dichos eventos como hechos subsecuentes que permitirían evitar futuras responsabilidades administrativas y civiles o en su caso aminorar la responsabilidad por las mismas.

 

Es importante tomar en cuenta en el análisis de defensa de nuestros clientes, la teoría de los hechos subsecuentes en los procedimientos de predeterminación y determinación de responsabilidades ante la Contraloría General del Estado.

 

Gracias por visitar mi blog, espero puedas compartir alguna de tus experiencias en este tema.



Han pasado más de dos años desde la promulgación del Código Orgánico Administrativo (COA), y si bien empezó a regir recién a partir del 7 de julio de 2018, en la actualidad ya cuenta con varias propuestas de reformas en la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.

 

En esta convulsionada semana que ha vivido nuestro país por el Paro Nacional, producto de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, tuve la oportunidad de participar en una mesa técnica en las que se analizaron las propuestas presentadas en dicha Comisión, así como otras propuestas de reformas que vienen del sector público y privado. Para no dejar pasar estas ideas, he queridos compartirlas en el presente artículo del blog.

 

1.- Extinción o reforma de oficio del acto administrativo por razones de oportunidad.

Considero necesario que se incluya en el artículo 103 del COA, la extinción o reforma de oficio por razones de oportunidad, figura que se contemplaba en el artículo 91 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, y que ya no se contempla en el COA, siendo necesario que la Administración Pública cuente con esta causal para ser utilizada en determinados casos.

 

2.- Causales de nulidad del acto administrativo.

Sugiero que se incluya dentro del artículo 105 del COA, como una de las causales de nulidad del acto administrativo: “Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos no se adecuen manifiestamente al previsto en la norma legal que se cita como sustento”, causal que estaba contemplada en la letra c) del artículo 94 del ERJAFE.

 

Si bien para algunos colegas esta causal está implícita en el numeral 1 del artículo 105 del COA (sea contrario a la Constitución y a la ley), considero que bien podría contemplarse como una causal autónoma.

 

3.- Autotutela de la legalidad.

El artículo 132 del COA, respecto a la revisión de oficio del acto administrativo dispone lo siguiente: Con independencia de los recursos previstos en este Código, el acto administrativo nulo puede ser anulado por la máxima autoridad administrativa, en cualquier momento, a iniciativa propia o por insinuación de persona interesada”.

 

En muchos casos la anulación del acto administrativo es dispuesta por los órganos de control (Contraloría General del Estado, SERCOP), por lo que considero que es necesario que se reforme dicha parte del artículo 132 por la siguiente: “a iniciativa propia, por disposición de órgano de control competente, o por insinuación de persona interesada”.

 

4.- Impugnación de actos administrativos expedidos por la máxima autoridad.

El tercer inciso del artículo 219 del COA, respecto a las reglas generales de la impugnación, dispone lo siguiente: “El acto expedido por la máxima autoridad administrativa, solo puede ser impugnado en vía judicial”.

Como ya lo comenté en este mismo blog dentro del primer artículo que se publicó titulado “Tips prácticos del COA”, esta norma restringe el derecho a presentar el recurso de apelación y extraordinario de revisión contra actos expedidos por la máxima autoridad, en franca contradicción con lo establecido en el artículo 173 de la Constitución que dispone que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

 

Por ello sugiero la eliminación de este párrafo.

 

5.- Requisitos formales de las impugnaciones.

Si bien el artículo 220 del COA no establece expresamente como uno de los requisitos formales de las impugnaciones a la pretensión (solamente la nombra contextualmente en el numeral 2), es imprescindible incluirla de conformidad con los artículos 139, 205 y 221 del mismo Código, ya que actualmente las instituciones públicas están solicitando que se subsane dicha omisión previa a su admisión, lo que produce que los procedimientos administrativos se alarguen por cuestiones de forma.

 

Por ello, sugiero que se incluya en el numeral 6 del artículo 220 del COA lo siguiente: “La determinación del acto que se impugna y su pretensión”.

 

Es necesaria esta reforma porque los abogados que no tienen mucha práctica en el Derecho Administrativo, omiten indicar expresamente su pretensión: extinción, nulidad, reforma parcial, etc., lo cual trae problemas para los funcionarios que tramitan las impugnaciones.

 

6.- Efecto de silencio administrativo positivo para recurso extraordinario de revisión.

El asambleísta Lcdo. Lenin Plaza, ha propuesto otorgar efecto positivo al silencio administrativo en la admisión y resolución del recurso extraordinario de revisión, ya que la actual redacción de los artículos 233 y 234 del COA, viola el derecho a la autotuela administrativa, y el derecho a la defensa que incluye recibir respuestas motivadas por parte del Estado, establecidos en la Constitución de la República y en los artículos 32, 202 y 203 del mismo Código.

 

Se propone reformar el segundo párrafo del artículo 233 del COA, por el siguiente: “Transcurrido el término de veinte días desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la admisión del recurso, se entenderá admitido”.

 

De igual forma se propone reformar el primer párrafo del artículo 234 del COA, por el siguiente: “El recurso extraordinario de revisión, una vez admitido, debe ser resuelto en el plazo de un mes, a cuyo término, en caso de que no se haya pronunciado la administración pública de manera expresa se entiende resuelto a favor de la persona natural o jurídica interesada.

 

Si bien comparto la propuesta, considero que la última parte del párrafo debería decir entenderá que es positivo a favor del recurrente, con el fin de que guarde concordancia con el artículo 207 del COA.

 

Algunos colegas no están de acuerdo con esta propuesta, ya que consideran que no debería darse el efecto de silencio administrativo positivo en materia recursiva extraordinaria de revisión, ya que la normativa comparada recoge los efectos del silencio administrativo negativo en esta materia, lo cual se ha mantenido en la normativa ecuatoriana, por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

 

Además, para que la reforma sea integral, debería reformarse también el numeral 4 del artículo 158 del COA, eliminándose la frase “o desestimación”, que hace referencia a que los plazos y términos en días se computan a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

 

7.- Ejercicio de potestad sancionadora.

El artículo 248 numeral 1 del COA dispone lo siguiente: “En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos”.

 

Si bien la separación de la función instructora y sancionadora es un principio propio del Derecho Administrativo Sancionatorio que busca que se cumpla con el principio de imparcialidad, se debe considerar que, en la práctica, es el mismo funcionario quien instruye y sanciona en el procedimiento, y en épocas de austeridad esta garantía hace que, por ejemplo, se dupliquen el número de comisarías en gobiernos autónomos descentralizados.

 

8.- Obligación de autoridades con potestad coactiva para que acudan a juez de derecho para que levante el velo societario.

El asambleísta Dr. Luis Fernando Torres propuso que se agregue un párrafo al final del artículo 262 del COA, que habla sobre el procedimiento coactivo, en el que conste lo siguiente: “Solamente en el caso de personas jurídicas usadas para defraudar, se podrá trasladar sus deudas a los socios o accionistas, siempre que exista una decisión judicial que declare el abuso de la personalidad jurídica. En estos casos, el juez de coactiva de la entidad pública acreedora o el representante legal y judicial de ésta acudirá, con la respectiva demanda, ante los jueces competentes para que, en trámite ordinario, se levante el velo societario, con la declaratoria judicial de abuso de la personalidad jurídica”.

 

Estoy de acuerdo con la propuesta planteada, con el fin de que se obligue al órgano ejecutor de coactiva a acudir al juez competente para que se levante el velo societario, no pudiendo hacerlo de forma directa.

 

9.- Coactiva interadministrativa.

Existen muchas limitaciones legales al ejercer la ejecución coactiva entre entidades del sector público, en especial entre las empresas que prestan servicios públicos. El típico caso se da cuando la entidad coactivada solicita al órgano ejecutor de coactiva, facilidades de pago, sin embargo, no puede cumplir con el requisito establecido en el numeral 4 del artículo 275 del COA (indicación de la garantía por la diferencia no pagada de la obligación), ya que a las instituciones públicas se les hace muy difícil en la práctica, conseguir una garantía bancaria, póliza con una aseguradora, o dar en hipoteca o prenda sus bienes, que en la mayoría de casos están afectados al uso público y son inembargables e inajenables.

 

Sugiero que se cree un capítulo especial dentro del Título II segundo del COA que se denomine “Ejercicio de la potestad coactiva entre instituciones públicas”, en el cual se contemple aspectos como:

  • No exigibilidad de garantía para facilidades de pago solicitadas por instituciones públicas (como lo establece, por ejemplo, el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).
  • Posibilidad de remisión de intereses, multas y costas (para mitigar el efecto de la Norma de Control Interno Nro. 403-10 “Cumplimiento de obligaciones”).
  • Facilidades de pago mediante compensación de valores adeudados.

 

Tal vez esta propuesta no pueda agradar a algunas instituciones públicas y en especial a los abogados externos de coactiva, por lo que, como alternativa podría plantearse que, para el caso de la coactiva entre instituciones públicas, cada entidad norme las condiciones de facilidades de pago en base a los principios de cooperación y colaboración que rigen entre las entidades de la Administración Pública.

 

10.- Embargo de bienes que sobrepasen el total de la deuda en coactiva.

En la última parte del Art. 279 del COA, respecto a la orden de pago inmediato, se dispone lo siguiente: “se embargarán bienes equivalentes al total de la deuda por el capital, intereses y costas”.

 

Sucede que en algunos casos el deudor tiene un solo bien que supera el total de la deuda por el capital, intereses y costas, y esta norma impediría que se embarguen bienes que superen el valor adeudado.

 

Por lo que se propone una reforma que indique “se embargarán bienes hasta el total de la deuda por el capital, intereses y costas, sin perjuicio que el avalúo del bien supere el monto del valor adeudado”.

 

Veamos como maneja la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado las reformas planteadas al Código Orgánico Administrativo.

 

Gracias por la visita y me encantaría intercambiar propuestas contigo sobre este tema.



En el Suplemento del Registro Oficial Nro. 517 del 26 de junio de 2019 se publicó la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la cual trae algunas reformas a distintas normas procesales de varias materias. He querido resumir las principales reformas al procedimiento contencioso administrativo, que es una de las áreas de práctica de litigio de mayor especialidad de nuestra firma legal.

Las principales reformas son las siguientes:

 

Citación de demandas en contra del Estado.

El párrafo final del artículo 10 del COGEP respecto a la competencia concurrente, mantiene la regla que cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio de la o del actor, pero la citación de la entidad pública demandada se practicará en el lugar donde tenga su sede principal.

 

Anteriormente este artículo daba la opción de que la citación se podría practicar en la dependencia más cercana de la entidad pública demandada, entendiéndose como la dependencia local más próxima al proceso (según el derogado primer inciso del artículo 60 del COGEP). Muchos colegas consideran esta norma como un retroceso, ya que va en contra de los principios de desconcentración y descentralización de la administración pública, debiendo ahora retomar los deprecatorios a Quito para la mayoría de los casos de las instituciones públicas.

 

Si bien no estoy de acuerdo con esta reforma que perjudica al administrado, intento buscarle una lógica, tal vez en la optimización que han tenido las instituciones públicas en los últimos dos años, donde muchas veces se han eliminado las Unidades de Asesoría Jurídica que ejercían competencia de forma desconcentrada, manejándose actualmente todo el patrocinio institucional directamente desde “Planta Central” de las distintas entidades. Además de que muchas dependencias de las instituciones han cerrado a nivel zonal, o se desconoce si siguen funcionando como parte de otras entidades por procesos de absorción o fusión.

 

Constitución de procuración judicial.

El artículo 42 del COGEP reformado establece que la procuración judicial se puede constituir a favor de uno o varios defensores. Antes el artículo decía que se podía constituir únicamente a favor de un defensor, por lo cual algunos jueces no permitían que intervinieran varios abogados en la audiencia.

El cambio más importante en la constitución de la procuración judicial lo constituye el numeral 1 del artículo 42 del COGEP, que amplía y aclara los requisitos para que se pueda conferir procuración judicial para instituciones públicas. El texto reformado dispone:

“La procuración judicial podrá conferirse:

  1. Por delegación otorgada por el Procurador General del Estado, para los abogados de las instituciones públicas que carecen de personería jurídica; o, por oficio en el caso de entidades del sector público con personería jurídica.

El oficio deberá ser suscrito por la o el representante legal de la entidad, su representante judicial, o ambos, si así corresponde; en su texto se expresará con precisión la norma legal que confiere la personería jurídica a la entidad y que establece la autoridad a quien corresponde el carácter de representante legal o judicial; se acompañará el nombramiento de la autoridad y de ser el caso el documento que contenga la designación del delegado.

El o los defensores de las instituciones públicas con o sin personería jurídica, acreditarán que su comparecencia es en representación de la máxima autoridad, acompañando el instrumento legal por el cual se les ha conferido dicha atribución con los documentos habilitantes necesarios”.

 

Esta reforma obedece a la traba que se daba en las instalaciones de las audiencias de los procedimientos contencioso administrativo y tributario, donde los abogados de la contraparte (administrado) objetaban la intervención de defensores de instituciones públicas en calidad de procuradores judiciales, por supuestamente carecer la entidad compareciente de personería jurídica, alegando que quien debería comparecer era sólo el abogado de la Procuraduría General del Estado, lo que producía alargar la audiencia para recién en ese momento ponerse a buscar la norma que establecía su personería jurídica de forma expresa, etc. Ahora con los requisitos que debe tener la procuración judicial, no debe existir duda respecto a si la entidad compareciente tiene o no personería jurídica, a efectos de saber quién es el competente para otorgar la procuración judicial, si el Procurador General del Estado o la máxima autoridad (representación legal y/o judicial).

 

Siempre se ha discutido la diferencia conceptual entre personalidad y personería jurídica. Para Cabanellas, la primera es la facultad de ser considerada persona jurídica, con aptitud para adquirir derechos y obligaciones. Mientras que la segunda es la capacidad de comparecer en juicio. (CABANELLAS, G. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Heliasta, Buenos Aires 2008)

 

Recordemos que el artículo 46 del Código Orgánico Administrativo (COA) dispone que la administración pública central, las personas jurídicas de derecho público creadas por la Constitución y la ley y las empresas públicas, tienen personalidad jurídica en sus actos, contratos y demás relaciones sujetas al derecho interno. Las divisiones funcionales de la administración pública central se consideran administraciones carentes de personalidad jurídica, representadas por la máxima autoridad administrativa en su organización.

 

Por ello el artículo 48 del COA dispone que las administraciones públicas que no estén dotadas de personería jurídica, estarán representadas en asuntos jurisdiccionales por el Procurador General del Estado, de acuerdo con la ley.

El último comentario respecto a este artículo reformado, guarda relación con que los defensores de las instituciones públicas deben comparecer indicando que su comparecencia es en nombre y representación de la máxima autoridad, tanto en escritos, diligencias, como audiencias.

 

Valoración de la prueba documental en su conjunto.

La ley reformatoria al COGEP agregó un párrafo final al artículo 169 que dispone lo siguiente:

“En los procesos contencioso tributario y contencioso administrativo, cuando el administrado entregue copias simples, como prueba a su favor, la administración cumplirá con remitir las actuaciones en la forma prevista en el Art. 309 de este Código, para que la o el juzgador valore la prueba documental en su conjunto”.

 

Esta norma se refiere a que la entidad demandada estará obligada a acompañar a la contestación de la demanda: copias certificadas de la resolución o acto impugnado de que se trate y el expediente original que sirvió de antecedente y que se halle en el archivo de la dependencia a su cargo. Por lo tanto, el administrado no estará en desventaja frente a la administración cuando presente documentos en copia simple, sino que podrá producir en la audiencia de juicio el documento en original o copia certificada que conste en el expediente administrativo original, para que se valore la prueba en conjunto.

 

Procedencia e improcedencia del abandono en acciones contencioso administrativas.

El artículo 247 del COGEP que se refería a la improcedencia del abandono, ha sido sustituido completamente, por lo que se eliminó la disposición de numeral 2 que decía que no cabía el abandono cuando los actores sean las instituciones del Estado. En cambio, ahora no procede el abandono en las acciones subjetivas o de plena jurisdicción contenciosas administrativas. (Art. 247.4 del COGEP).

 

Sentencias adversas al sector público ya no se elevan en consulta.

Se sustituyó el artículo 256 del COGEP respecto al recurso de apelación, eliminándose la disposición que decía que las sentencias adversas al sector público se elevarán en consulta a la respectiva Corte Provincial, aunque las partes no recurran, salvo las sentencias emitidas en los procedimientos Contencioso Administrativo y Tributario.

 

Por lo tanto, en las materias donde sea parte el sector público y proceda el recurso de apelación (laboral, civil y mercantil principalmente), los defensores de las instituciones públicas deberán interponer el recurso de apelación de manera oral en la audiencia, o por escrito dentro del término de 10 días contados a partir de la notificación de la sentencia o auto escrito. (Art. 257 COGEP).

 

Término para presentar recurso de casación y admisibilidad.

El último párrafo del artículo 266 del COGEP fue reformado, actualmente el recurso de casación se interpondrá de manera escrita dentro del término de 30 días, posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración.

 

La reforma más novedosa y contundente que trae esta Ley Reformatoria al COGEP es el procedimiento para la admisibilidad del recurso de casación. El artículo 270 del COGEP reformado dispone ahora lo siguiente:

 

“Art. 270.- Admisibilidad del recurso. Recibido el proceso en virtud del recurso de casación, se designará por sorteo a una o a un Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, quien en el término de quince días examinará exclusivamente que el recurso se lo haya presentado en el término legal y que la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267. Cumplidas estas formalidades, lo admitirá.

Si los cumple, se admitirá el recurso, se notificará a las partes y se remitirá el expediente a la Sala Especializada correspondiente de la Corte Nacional de Justicia. Si no los cumple, la o el Conjuez dispondrá que la parte recurrente la complete o aclare en el término de cinco días, determinando explícitamente el o los defectos, si no lo hace, se inadmitirá en recurso, pudiendo deducirse el recurso de revocatoria del auto de inadmisión.

En el auto de admisión se correrá traslado con el recurso deducido a la contraparte, concediéndole el término de treinta días para que sea contestado de manera fundada; con o sin contestación en el término señalado, se remitirá el expediente a la sala respectiva de la Corte Nacional de Justicia para que falle sobre el recurso.

No procede el recurso de casación cuando de manera evidente lo que se pretende es la revisión de la prueba. (…)”.

 

Con esta reforma se acabó el “bateo” que hacían los Conjueces de la Corte Nacional de Justicia a los recursos de casación, que en su mayoría los rechazaban por improcedentes, exigiendo un tecnicismo que muy pocos abogados procesalistas lograban cumplir. Sin embargo, considero que este examen de admisibilidad de forma producirá una gran acumulación de causas en la Corte Nacional de Justicia, esperando que el buen espíritu de la norma no derive en la práctica en una segunda instancia para el caso del Contencioso Administrativo y Tributario.

 

Legitimación pasiva.

El numeral 1 del artículo 304 reformado, dispone que la demanda se podrá proponer contra la máxima autoridad, el representante legal de la institución con personería jurídica o el servidor público de quien provenga el acto o disposición a la que se refiere la demanda. Esta reforma aclara el principio de Derecho Procesal Administrativo de que, en el procedimiento contencioso administrativo y tributario, se demanda al “personero” del organismo (institución con personería jurídica) o la “persona órgano”, y no a la institución o entidad del sector público como estipulaba erróneamente el numeral 1 derogado del artículo 304 del COGEP, en concordancia con el artículo 48 del COA.

 

Suspensión de la ejecución coactiva.

El artículo 317 del COGEP reformado dispone que para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria la consignación del 10% de la cantidad a la que asciende la deuda, sus intereses y costas, aun en el caso de que dichas excepciones propuestas versaren sobre falsificación de documentos o sobre prescripción de la acción. Esta reforma es beneficiosa para el administrado, porque el artículo derogado disponía que para suspender la coactiva era necesaria la consignación de la cantidad a que ascendía la deuda, sus intereses y costas, lo cual era absurdo desde el punto de vista económico.

 

Suspensión del acto impugnado (medida cautelar).

El artículo 330 del COGEP reformado incluye las siguientes disposiciones:

“Cuando el acto administrativo produzca daños irremediables o de muy difícil remediación por la vulneración de los derechos del administrado, el juzgador podrá ordenar en el auto inicial o en sentencia cuando sea el caso, la suspensión del acto administrativo y de sus efectos, a pedido de parte, debiendo el actor fundamentar razonadamente su petición dentro de la demanda.

La parte accionante adjuntará en la demanda los documentos que acrediten de ser el caso, los daños de que pudiere ser objeto.

La interposición de cualquier recurso no afectará la suspensión del acto impugnado y sus efectos”.

 

Esta reforma refuerza el concepto de medida cautelar que trajo como novedad el COGEP en su artículo 330. Con esta reforma la medida cautelar de suspensión de acto impugnado procede cuando se pueda afectar irremediablemente el derecho opuesto o cuando se produzcan daños irremediables o de muy difícil reparación. La parte accionante debe probar los daños de que pudiere ser objeto, lo que evita la discrecionalidad que existía en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la concesión o negativa de la medida cautelar. La interposición de cualquier recurso (casación) no afectará la suspensión del acto impugnado y sus efectos, con lo que se “blinda” la medida cautelar en pro del administrado.

 

En la práctica, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberán analizar cuando procede o no una medida cautelar, por ejemplo, contra la terminación unilateral del contrato, donde el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que la resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de demandas contencioso administrativas, pudiendo leerse entre líneas -salvo que se cumplan los actuales requisitos para solicitar la medida cautelar de suspensión de acto impugnado conforme el Ar. 330 del COGEP.

 

Ejecución por silencio administrativo (bonus track)

Quería aprovechar este artículo para comentar sobre la reforma que trajo la publicación del Código Orgánico Administrativo respecto a la ejecución por silencio administrativo. Con la expedición del COA, se eliminó la acción contenciosa administrativa especial de silencio administrativo, que constaba en la letra a) del artículo 326.4 del COGEP. En su defecto incluyó un artículo agregado al artículo 370 del COGEP, que dispone lo siguiente:

 

“Art. 370A.- Ejecución por silencio administrativo.

Si se trata de la ejecución de un acto administrativo presunto, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que oirá a las partes.

Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el vencimiento del término legal para que la administración resuelva su petición, mediante una declaración bajo juramento en la solicitud de ejecución de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal, además acompañará el original de la petición en la que aparezca la fe de recepción”.

 

Esta reforma se expidió para guardar concordancia con el artículo 207 del COA que dispone que el acto administrativo presunto que resulte del silencio, será considerado como título de ejecución en la vía judicial. Además, ya no sería de competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, sino sería de un juez de lo civil del domicilio del accionante, lo cual es más beneficioso para el administrado.

 

Habría que ver cómo se desarrolla la ejecución del silencio administrativo en la práctica fuera de la jurisdicción contencioso administrativa, por ejemplo, en la aplicación del último inciso del artículo 207 del COA, que dispone que no serán ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan vicios inconvalidables, esto es, aquellos que incurren en las causales de nulidad del acto administrativo, previstas en este Código, en cuyo caso el juzgador declarará la inejecutabilidad del acto presunto y ordenará el archivo de la solicitud.

 

Gracias por visitar el blog, quisiera saber tu opinión sobre esta reforma al COGEP.


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